En Venezuela la oposición al gobierno de Hugo Chávez utilizó una estrategia muy simple. A partir de poderosas televisoras, lanzó a la calle a miles de ciudadanos de la pequeña burguesía, de clase acomodada, de ciertos grupos populares inconformes, entre los que se mezclaban guaruras a sueldo que promovieron disturbios, y hasta muertos. Si el gobierno de Chávez encarcelaba a los que producían desmanes, se le acusaba de que reprimía las manifestaciones, y por ello impedía la libertad de expresión a la oposición. Por otro lado, si el gobierno de Chávez no actuaba, para no mezclarse en actos no promovidos por el gobierno, se le acusaba de no impedir los actos violentos - organizados por los guaruras a sueldo mezclados entre los manifestantes. Además, de todas maneras, esos actos violentos organizados por la oposición se los atribuían al gobierno de Chávez y a sus partidarios.

¡No hay salida! Una vez lanzada la gente a la calle, en su mayoría con buenos propósitos, se desata una lógica que, interpretada masivamente desde los medios de comunicación, "siempre" permite recriminar al gobierno de inoperancia, de violenta represión o de manipular contra la oposición a sus movimientos populares - que habrían sembrado la violencia en la pacífica manifestación de la oposición.

La inseguridad en América Latina, en México y en el Distrito Federal es fruto de la masiva pobreza que las medidas neoliberales, y en México desde el "error de diciembre" (de 1994, cuando durante el gobierno de Ernesto Zedillo un error de juicio en la estrategia de devaluaciones del país provocó la más severa crisis financiera de la década para la nación azteca), ha producido una masiva desocupación en el pueblo. El remedio a tales "errores" son medidas que dependen de un gobierno federal y no de una ciudad.

Atribuir el problema de la inseguridad a un gobernador es ver una parte del problema, pero no ir a las causas. La causa es la pobreza de un país que debe pagar injustamente la deuda de muchos capitales privados que fue atribuido al Estado, las "deudas fueron nacionalizadas" por un acto injustificado. Esto significa que este año, México deberá pagar US$ 52 mil millones entre deuda externa e interna (que se acumula desde López Portillo, y se acrecienta con Carlos Salinas y desmedidamente con el "salvataje de los bancos" de Zedillo); deuda anterior al actual gobierno federal y del Distrito Federal. Esas son precisamente las causas de la inseguridad.  Manejar tal inseguridad directamente contra un gobierno particular es injusto. De todas maneras, el motivo de la manifestación es real. El manejo responde, sin embargo, a una estrategia que ya ha sido usada en Venezuela, lo que al parecer indica que ciertas tácticas se generalizan en América Latina y hay que contar con ellas.

Se debe entonces tomar el tema con extremo cuidado. La oposición al gobierno del Distrito Federal abre una caja de Pandora, y sus resultados son imprevisibles. El gobierno de la ciudad deberá estudiar el caso dándole extrema importancia. Es un nuevo campo de confrontaciones. No sólo implica el ámbito jurídico -que se ha organizado injustamente-, sino ahora el político, donde se comienzan a lanzar las masas a las calles bajo el respaldo y continuo apoyo de una "interpretación" de los acontecimientos en manos de las televisoras y las radios.

La "interpretación" o el sentido de los actos políticos son los que al final valen. Y en México, como en Venezuela, existe lo que Agambe, pensador de fama en Italia, llama la mediocracia: el poder de los medios de comunicación. Hoy, más que las leyes y que las acciones, lo que al final llega al ciudadano cotidiano y mal informado es la "interpretación" de los acontecimientos. Así, al acto X se lo "interpreta": es justo o injusto; bueno o malo; correcto o incorrecto. Pero la "interpretación" puede seguir cierta lógica siniestra: si se mueve, está mal porque ataca; si no se mueve, está mal porque no hizo nada; si sube es injusto porque no dejó subir a los otros; si no sube es injusto porque no ayudó a los otros. Haga usted lo que haga, la "interpretación" puede dejarlo "siempre" mal.

Como no hay medios (televisoras o radios) que compitan realmente con la "interpretación" de los "grandes" medios, esa "interpretación" se impone infaliblemente, aunque sea por repetición. Y como es la "interpretación" de los acontecimientos la que fija el sentido de los actos, al final la política está en poder del que "interpreta". El poder del gobernante (aunque lo haya elegido una mayoría aplastante) es "impotente" ante el poder de la "interpretación" de los medios de comunicación (la mediocracia de Agambe), y mucho más cuando esos mismos medios son actores que originan hechos de masa en los que participan. Ponen un acto público (aún con violencia, y que "siempre" podrán interpretar), contra la autoridad.

Ante esto sólo cabe comenzar un largo camino. Se habla y con razón de la "libertad de información". Es un pilar de la democracia. Pero no se habla del "derecho a la información veráz". El ciudadano tiene "derecho" a ser bien informado. Esto requeriría de tribunales específicos para la información, de una procuraduría de defensa de la información veráz que merece el ciudadano, y muchos otros medios legales que no existen, pero debe comenzar a implementarse. Toda América Latina entra en un periodo de una nueva estrategia política que se basa sobre los medios de comunicación (en especial la televisión y la radio) como momento articulado a una lucha de movimientos de masas promovidos desde esos mismos medios. Es un nuevo capítulo de la política y de la ciencia política.

¿Se estará venezolanizando México? No lo sé, pero el que haya nacido la articulación de "medios de comunicación/movimientos de masa de oposición" nos permite vislumbrar una estrategia semejante.