En la oportunidad que nos acercamos al término de este mandato presidencial, por la vía del referendo revocatorio programado para el próximo 15 de agosto, se hace necesario refrescar la memoria, con referencia al desastre y la farsa que ha resultado la retórica revolucionaria carente de logros en los cinco años y medio que ha permanecido en el poder.

Desde que el país entró hace 25 años en el círculo vicioso de la pobreza -producto de la ecuación fatídica de inflación y devaluación, reflejada con la caída de la inversión pública y privada, la disminución del empleo productivo y el deterioro del ingreso personal y familiar- no se había observado un desbarajuste, como el que hoy padece la nación venezolana.

La ineficiencia del gasto público se observa en el comportamiento de las variables macroeconómicas más relevantes. El producto interno bruto ha decrecido en promedio 3.6% anual y el per cápita en 5.4%. El desempleo ronda el 18% de la fuerza laboral (unos 2.2 millones de personas), la informalidad emplea a un 52% de la población económicamente activa y la proporción de personas en situación de pobreza total se ubica en 67.3% (32% en pobreza extrema). La devaluación con fines fiscalistas ha llevado el tipo de cambio oficial de Bs. 600 /US$  en 1999 a Bs. 1920 /US$  y la inflación se mantiene alrededor de un 26% anual, la más alta de América Latina y una de las más altas en el mundo.

Cuando un gobierno, en vez de trabajar para superar los problemas que aquejan a las grandes mayorías, habla de hacer una revolución, para lo cual no fue electo, amenaza a adversarios con "pulverizarlos y aniquilarlos", e intenta acumular más poder, ejerciendo indebida influencia sobre los otros poderes e instituciones, el país va a la deriva.

Cuando los poderes públicos no tienen reparos en violar la constitución y las leyes echando al basurero el estado de derecho, la república está herida de muerte. Entre las violaciones cometidas por estos poderes destacan las siguientes: la aprobación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del 01/06/2000, que en sus disposiciones transitorias autoriza al Ejecutivo para dictar "las regulaciones que considere necesarias sobre el contenido de las trasmisiones y comunicaciones de la radio y televisión", bajo la cual el presidente ha intervenido arbitrariamente más de 580 horas de transmisión con discursos intrascendentes y proselitistas; la jurisprudencia, establecida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 30/06/2000, sobre el régimen de las organizaciones de la sociedad civil, que limita los derechos y garantías a la libre asociación y participación y elimina la primacía de los tratados internacionales de derechos humanos firmados por la Nación; el desconocimiento de los resultados de las elecciones sindicales realizadas en octubre del 2001 por la Central de Trabajadores de Venezuela, ganadas por los candidatos de la oposición, en desafío a la libertad sindical establecida en la Convención Americana y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo; los 53 decretos leyes dictados, de manera inconsulta, por el Presidente de la República en Consejo de Ministros (Leyes de Tierras, de Pesca, de Transporte etc.) en noviembre del 2001 dentro de la Ley Habilitante del 13/11/2000, de dudosa constitucionalidad por delegar materias de reserva legal, que han producido situaciones conflictivas de difícil cuantificación en el orden económico; la sanción legislativa, en mayo del 2004 de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que conculca la independencia del Poder Judicial y ha traído pronunciamientos críticos de la Academia de Ciencias Jurídicas, de la Federación de los Colegios de Abogados, de las Escuelas de Derecho de las Universidades Nacionales así como de la Organización Human Rights Watch por medio de sus voceros calificados.

El Jefe de Estado ha cometido de manera consuetudinaria  malversación  y peculado con los recursos de la Nación. Así ocurrió con el Plan Bolívar 2000 donde se gastaron miles de millones de bolívares sin normas ni controles; con los US$ 2000 mil millones del Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica que desaparecieron sin dejar huella; con el Convenio Petrolero firmado con la República de Cuba a pesar de las objeciones de técnicos de la industria petrolera y que hoy alcanza un pasivo incobrable cercano a los US$ 800 millones; con el desvío de ingresos petroleros por más de US$ 3000 mil millones sin cumplir con lo establecido por la Ley del Banco Central de Venezuela, o con la descapitalización, para fines políticos, del Fondo de Garantías de Depósitos, que avala los depósitos y ahorros del público dentro del sistema financiero.

La corrupción deambula por el mundo oficial del petróleo (PDVSA y Ministerio de Energía y Minas) y de las finanzas (Bandes, Banco Industrial, FOGADE, Ministerio de Finanzas) con el aval de la Asamblea Nacional, de la Autoridad Monetaria y la ceguera cómplice de la Contraloría General de la República.

Los abusos de poder cometidos por militares, ministros, legisladores y jueces, son noticia cotidiana. Los allanamientos realizados por los cuerpos de seguridad del estado no cumplen con los requisitos legales correspondientes y civiles imputados de delitos inexistentes, son puestos a las órdenes de jueces militares. Empleados y funcionarios de la administración pública han sido despedidos injustificadamente por el "delito" de haber firmado la solicitud de revocatorio presidencial. A veinte mil empleados y obreros de la industria petrolera se le confiscaron ahorros y prestaciones. Más de 135 periodistas han sido agredidos e impedidos de ejercer libremente su profesión. La aprobación del reglamento de debates por la Asamblea Nacional restringe y cercena el derecho a la adecuada discusión de los proyectos de leyes.

La inseguridad imperante en ciudades y pueblos, ocasiona más muertes inocentes y pérdidas en bienes, que si estuviésemos en guerra. Este año se estima que los muertos sobrepasen la cifra de doce mil. Los secuestros de ciudadanos por el hampa común y por los grupos irregulares colombianos y venezolanos han aumentado hasta el punto, que en estos cinco años, han ocurrido más crímenes, que en los 40 años restantes de gobiernos democráticos.

El deterioro de la educación y de la salud pública, que pretende maquillarse con unas "misiones ineficientes y costosas", constituye flagrante violación a los derechos humanos. La descentralización de estos servicios ha sido frenada por el Gobierno Central y los recursos que le corresponde a los estados y regiones, sobretodo de aquellos en manos de gobernadores opositores, no son entregados a tiempo ni en los montos exigidos por las Leyes. Los hospitales públicos y los miles de ambulatorios carecen de materiales y equipos mientras se privilegia la Misión Barrio Adentro conducida por médicos cubanos que operan ilegalmente en el país.

El acoso al sector privado se refleja: en la promoción de invasiones a fincas productivas y a edificios de oficinas y viviendas, en el terrorismo fiscal conducido por el SENIAT que cierra empresas en operativos dirigidos a generar temor entre empresarios. A la industria y el comercio se le ponen trabas en el otorgamiento de divisas, lo que ha paralizado el aparato productivo. El control de precios y la aplicación indefinida de la inamovilidad laboral son graves impedimentos a la necesaria participación privada en los planes de desarrollo nacional.

A todo lo anterior se añade la inculcación de antivalores como la viveza y el engaño. Se pretende comprar conciencias con dádivas manejadas por adeptos políticos y se acusa de golpistas y fascistas a quienes no comulgan con el proceso. La siembra irresponsable del odio fratricida ha ocasionado desmanes, atropellos y decenas de muertos por parte de grupos paramilitares afectos al oficialismo. La generación de frustración entre los jóvenes se corrobora en los miles de ellos que han emigrado, cuando Venezuela ha sido históricamente un país de inmigrantes. Ciertamente que para la mayoría de los venezolanos, de todos los niveles socio-económicos, con estos cinco años y medio, BASTAN.