El pueblo y los trabajadores venezolanos vamos hacia una confrontación peligrosa y difícil. El proceso que culminará el 15 de agosto en el referendum que la oposición logró imponernos fraudulentamente, no está exento de dificultades.

Al pueblo que hay que hablarle con claridad sobre lo que se avecina. Lo peor que podemos hacer es adoptar una actitud triunfalista y dormirnos en los laureles. La derecha y el imperialismo no necesitan ser mayoría para liquidar un proceso revolucionario. Esto ha sido demostrado hasta la saciedad por la historia.

Existen muchas razones por las que no debería haber referendum.  Pero ahora trataremos de exponer las fallas del gobierno frente al golpismo, por las que éstos mantienen los arrestos y la capacidad de recoger firmas, con fraude por supuesto, permitiendo que ahora se preparen para el referendum.
Recordemos que los golpistas hace dos años, después del golpe, se encontraban desarticulados, después que los trabajadores y el pueblo les propinára una felpa en las calles del país, recuperando las libertades democráticas cercenadas por la dictadura brevísima de Carmona, restituyendo a Chávez en el poder. Era el momento para liquidarlos política y económicamente.  El gobierno estaba en todo su derecho de castigar a unos golpistas convictos y confesos.

Nadie internacionalmente hubiera levantado la voz si Chávez procedía a aplicarles mano dura a unos fascistas que habían derrocado un gobierno legítimamente constituido, aprovechando para desarticularlos económica y mediáticamente.  Pero no sucedió así.  Lo primero que hizo Chávez al regresar a Palacio de Gobierno después del golpe fue pedir perdón a los golpistas, blandiendo un Cristo en la mano. A los dueños de los medios de comunicación, a los jerarcas de la Iglesia, a los empresarios que provocaron cientos de muertes, miles de desaparecidos y allanamientos. Y como si fuera poco, restituyó a los meritócratas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que pocos días antes habían sido despedidos en un espectáculo circense.

Toda esta jauría fascista, apoyada por el imperialismo, aprovechó la ocasión para reorganizarse poco a poco. Los gerentes de PDVSA restituidos en sus cargos reiniciaron sus labores de sabotaje y preparación del nuevo golpe. Los canales de televisión continuaron engañando impunemente.

Es cierto que la impunidad fue institucionalizada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al negar que hubo golpe, pero poco hizo el gobierno por castigar a los golpistas.  Más bien, los ha tratado con sumo cuidado.  Por ejemplo, los canales de televisión, por la Ley de Impuesto Sobre Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos, deben cancelar impuestos por haber "donado" espacios televisivos para promocionar el paro golpista. Sin embargo, el gobierno no aplicó la tasa máxima fijada por ley de 55%, sino que se limitó a una tasa de 25%.  Esta medida debió aplicarse desde abril del año pasado, pero no se cobró ni multas ni moras.

Durante el golpe petrolero de diciembre 2002 y enero 2003, el gobierno pudo desarticular económicamente a los golpistas.  Luego del incidente ocurrido frente a cámaras de television privada en el que el General Luis Felipe Acosta Carlés emitió un eructo –lo que algunos aplaudieron como una gran acción revolucionaria-, el gobierno pudo expropiar y pasar a control obrero las empresas del grupo Polar. Empresas como Parmalat, de capital transnacional, productora de leche y otros rubros lácteos, se unieron al paro, y el gobierno no tomó ninguna medida contra estos criminales que pretendían matar de hambre al pueblo con tal de tumbar a Chávez y al proceso revolucionario.

Otro sector al cual el gobierno pudo expropiar fue el bancario. Estos establecieron un horario restringido, así como limitaciones ilegales a los retiros de ahorristas.  Nos impusieron un "corralito", motivo suficiente para que el gobierno pudiera expropiar a los bancos para entregarlos a sus trabajadores.  Hubiera sido un rudo golpe a los instigadores del paro, y en donde más les duele: el bolsillo.  Ante cada ataque del imperialismo y sus lacayos nacionales, la respuesta tenía que ser contundente.  Sin embargo, el gobierno no hizo nada.  Afortunadamente contó con un pueblo heroico y movilizado, que se erigió como baluarte de la resistencia contra el golpismo.      

Luego del paro-sabotaje petrolero, el gobierno nuevamente buscó dialogar con los golpistas.  Esta vez se conformaron mesas de negociación con la participación de la OEA y el Centro Carter, ambos organismos proimperialistas, sin una pizca de imparcialidad, como luego se corroboró.  ¿Y quién los sentó en la mesa de negociación?  El mismo gobierno promovió las negociaciones, es decir, "cuchillo para su propio pescuezo".  De ésto surgió el acuerdo de mayo del 2003, mediante el cual los golpistas lograron imponer el referendum, apelando a toda clase de trampas y presiones, a pesar de haber sido derrotados en dos ocasiones por la movilización popular.

Mientras tanto, los empresarios que habían estado involucrados en el paro-sabotaje, comenzaron un ataque despiadado contra los trabajadores.  Una ola de despidos, fábricas cerradas y violación sistemática de derechos laborales, llevó a cientos de trabajadores a tomar las empresas que los patronos cerraban con el cuento de los perjuicios que el paro les había ocasionado.  De nuevo, el gobierno no hizo nada. Ni siquiera con casos tan claros como el de Constructora Nacional de Válvulas, industria que produce válvulas para la empresa petrolera, que pudo ser expropiada y dada a los trabajadores.

Desde enero del 2003, el gobierno tuvo que importar gasolina a un costo de 600 millones de dólares, así como alimentos de la cesta básica, secuestrados por los empresarios golpistas.  Debido al paro, la economía cayó un 29% en los tres primeros meses del 2003, y un 11% en todo el año.  Las pérdidas en la producción se calculan en $6.188 millones y al fisco dejó de recibir $1.600 millones por ingreso petrolero.  Un verdadero desastre económico y social.  ¿No es esto motivo suficiente para expropiarlos?  ¿Quién puede decir que lo planteado es radical, ante la magnitud del crimen que la burguesía –con la anuencia del imperialismo- cometió contra el pueblo venezolano?  Sin embargo, resulta paradójico que a estos mismos hambreadores de los trabajadores, el gobierno les continúe cancelando los Certificados Especiales de Reintegro Tributario (CERT).  Estos, según la Ley de Impuesto al Valor Agregado, son un sistema de compensación para "apoyar al sector empresarial privado".  

Entre el 2002 y el 2003, en pleno paro golpista, el gobierno canceló a los exportadores 880.000 millones de bolívares. Si alguien argumentara que el gobierne debe cumplir la ley, nosotros le preguntaríamos: ¿quién paga a los trabajadores de Constructora Nacional de Válvulas, Industrial de Perfumes, Plásticos Vinílicos, Textiles Fénix, Pirelli, Sanitarios Maracay, y otras empresas cerradas por los empresarios golpistas? 

Ahora vamos a un referendum conquistado bajo trampas por la burguesía y el imperialismo.  No lo lograron por imposición sobre el movimiento de masas, sino después de reiteradas derrotas ante la movilización de trabajadores.  No les quedó otra opción. Pero lograron meternos en su terreno.

El gran peligro que corre el proceso revolucionario está determinado por las concesiones otorgadas por el gobierno durante dos años.  No se apoyó en la movilización para juzgarlos y castigarlos por los delitos perpetrados. No los expropió cuando existieron posibilidades ciertas de hacerlo. Cuando tuvo la oportunidad, se sentaba en una mesa a negociar.  Ahora, estos criminales financiados por el imperialismo, mantienen sus fuerzas intactas y se aprestan a cometer un nuevo fraude.  

Las grandes empresas petroleras transnacionales han ganado más dinero con este gobierno que con cualquier otro y, sin embargo, siguen conspirando.  El gobierno le concedió a la Chevron Texaco, a Conoco-Phillips, a Statoil y a la British Petroleum 3 bloques de la Plataforma Deltana, para la explotación de gas, sin consultar entre los trabajadores petroleros sobre la pertinencia de este negocio.  Lo mismo sucede con los bancos nacionales y transnacionales, que en el período enero-abril del presente año aumentaron sus ganancias en 130% con respecto al pasado año.  Los canales de televisión siguen mintiendo descaradamente como si nada hubiera ocurrido.  Los grandes grupos económicos nacionales siguen aumentando los precios de productos y obteniendo extraordinarias ganancias en el mercado negro del dólar.  Todas estas concesiones y la lenidad del gobierno los ha fortalecido, y representan un verdadero peligro para el proceso revolucionario.

Sin embargo, a pesar de todo, confiamos en la poderosa energía y disposición de lucha de nuestro pueblo.  Para desarticular y quebrar la resistencia de la burguesía e imperialismo es necesario profundizar el proceso revolucionario, conformando un verdadero gobierno de los trabajadores y del pueblo, a través de su participación democrática.  Esto debe llevar a término las tareas antes planteadas, así como un plan económico y social.  Para ello es imprescindible la construcción de un poderoso partido revolucionario que organice y dirija esta lucha impostergable para los trabajadores y el pueblo venezolano.  
 
Versión Editada.  Original publicado en Rebelión (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=932).