El problema de la inmigración es uno de los más grandes retos que deben afrontar hoy en día los países ricos del hemisferio norte, llámense los Estados Unidos y la Unión Europea (UE).   Las olas masivas de seres humanos que se juegan la vida en las odiseas más arriesgadas con el deseo de dejar atrás la pobreza política, económica y social del sur para buscar el sueño dorado de la oportunidad que aparentemente brinda el norte, han generado un remezón demográfico de consecuencias nada desdeñables a nivel global en todos los aspectos posibles. Revisemos causas, consecuencias y soluciones plausibles para este alborotado escenario que nos presenta el inicio del nuevo milenio.

Para empezar, una afirmación contundente. No reconocer que la riqueza de la que gozan hoy en día los países más industrializados tiene cierto fundamento en la explotación que hicieron por varios siglos de los recursos de los países del (actualmente mal llamado) Tercer Mundo durante la feroz etapa de colonización, sería una mezquindad en apreciación histórica.  

La descolonización dejó a los países saqueados en una posición periférica y marginal en el mercado mundial, precio que hoy en día siguen pagando a través del eterno yugo de la deuda externa, por citar un ejemplo. En este contexto resulta inexplicable, y por sobre todo indignante, la estrechez mental que demuestran los descendientes de aquellos conquistadores cuando observan y juzgan con actitud crítica la llegada de sus hijos bastardos, quienes cruzan el charco para buscarse una mejor vida como antaño hicieron sus antepasados.

Durante la última década, decenas de miles de subsaharianos han recorrido gran parte del continente africano, en travesías infernales que se prolongan por meses e incluso años, con el único objetivo y norte de superar la frontera que separa Africa de Europa, esperando con las pocas fuerzas y los anhelos urgidos que les mantienen con vida para aprestarse a cumplir la prueba final y más riesgosa de saltar las vallas de protección limítrofe, refugiados en las peores condiciones de precariedad e indigencia al interior de los bosques marroquíes que bordean los enclaves españoles de Melilla y Ceuta.

Otros tantos, luego del interminable recorrido, deciden aventurarse, con semejante nivel de riesgo, por las vías marítimas cruzando el Estrecho de Gibraltar en las denominadas pateras. Son muchos los que finalmente lo consiguen, pero también son demasiados los que mueren abaleados, ahogados, desnutridos, o de puro cansancio.

Luego de las dos avalanchas humanas suscitadas a fines de septiembre del 2005 en la valla de Melilla, las noticias se ocuparon, alarmadas, de mostrar al mundo el inconmensurable nivel de desesperación que pueden alcanzar estos jóvenes migrantes para abalanzarse en misión suicida sobre la violenta represión armada de las fuerzas de seguridad tanto marroquíes como españolas.   Sálvese quien pueda, porque es preferible morir allí y así con la posibilidad de alcanzar la tierra de la oportunidad, que continuar sobreviviendo en la miseria de sus países de origen.   A este escenario brutalmente desigual e injusto nos está conduciendo la política y economía mundial, por describir tan sólo una cara de las emergencias sociales que existen hoy en día.

Situación bastante diferente experimentan los migrantes latinoamericanos para llegar a Europa, especialmente con rumbo a España por razones idiomáticas, puesto que sus infortunios no los encuentran en el viaje en sí, sino recién al arribar a su destino.   La mayoría de los inmigrantes se topan a su llegada con innumerables trabas legales y culturales para buscarse la vida y forjarse el porvenir con el que soñaban.

Los gobiernos conservadores que dirigieron el destino europeo desde finales de los noventa hasta principios de la década presente no colaboraron en gran parte con facilitar la integración social de los inmigrantes. La Ley sobre los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, promulgada en 1985, comprobó ser no sólo política y socialmente inservible sino también insuficiente, regresiva y represiva.   En todo caso, más valió para profundizar las diferencias entre nacionales e inmigrantes, postrando en un estado de marginación social aún mayor a estos últimos.  

El régimen derechista del ex presidente español José María Aznar reformó en el año 2000 dicha normativa con el propósito de volverla más eficaz en materia de derechos humanos.   Pero su postura insensible hacia el fenómeno de la inmigración ya había quedado bastante clara, a raíz de la funesta manera en que manejó los violentos incidentes acaecidos dos años antes en Ceuta.   A partir de entonces, sólo logro echar más leña al fuego, causando en la opinión pública un rechazo mayor hacia la llegada de los foráneos y la consecuente satanización del fenómeno migratorio.

Hoy en día, el ciudadano promedio español asocia al inmigrante -sobre todo al latino, al africano y al árabe- con el incremento de la delincuencia común, la prostitución y el tráfico ilícito de drogas.   De hecho, un estudio realizado por Juan Avilés Farré, en febrero del 2002, sobre la incidencia de la población extranjera en el aumento delictivo en España, arrojaba como resultado que desde 1992 hasta el 2000, el número de detenciones se había triplicado.   Si a comienzos de los noventa era extranjero uno de cada diez detenidos, hacia el 2000 era extranjero uno de cada cinco.

Razón no parece faltarle a la opinión pública, pero tampoco es coherente meter a todos en un mismo saco y que justos paguen por pecadores.   Todo ésto supone un fracaso de la democracia española que en los años de Aznar, y hasta el día de hoy, es incapaz de establecer unas condiciones mínimas de igualdad, justicia y solidaridad para con los inmigrantes, quienes en gran parte, a su vez, se encuentran a merced de las tramposas mañas de las mafias organizadas que trafican con personas.  

Es el caso de muchas mujeres que, engañadas, son traídas a Europa con falsos contratos de trabajo y luego se ven forzadas a vender sus cuerpos para pagar los costos de su traslado y tramitación.   Así como también sucede con tantos otros cuando se les hacina en apartamentos minúsculos junto a decenas de inmigrantes de diferentes latitudes, obligándoles a pagar rentas descomunales por un decrépito colchón compartido.   Vaya manera de encontrar el progreso.

En el caso español, las cosas variaron favorablemente un poco con la llegada al gobierno del partido socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el cual se comprometió desde un principio en abordar el problema desaforado de la inmigración con medidas más prudentes y benévolas que pusieran orden al caos.   Por ejemplo, declaró la amnistia para regularizar a 700 mil inmigrantes indocumentados a principios de año, previa verificación del cumplimiento de ciertas condiciones razonables.

Aún así sigue siendo innegable que a pesar de los esfuerzos realizados, el inmigrante continúa entre la espada y la pared, muchas veces despreciado por su presunta colaboración con el envilecimiento de la sociedad, y casi siempre subestimado en su indiscutible aporte para el progreso productivo y económico del país que le acoge.   No sólo constituye una mano de obra barata (eufemismo para no decir explotada), sino también una solución imperiosa para paliar el déficit futuro de las pensiones de los nacionales, considerando el alarmante descenso de la natalidad europea, entre otros indicadores.

Asimismo, los atentados de 11 de septiembre del 2001 incrementaron en Europa el temor popular y la intolerancia hacia los extranjeros, especialmente dirigida contra los de origen árabe, aunque muchos de ellos fueran personas nacidas en el continente.  

Actualmente se puede ver los resultados de esa indiscriminada asociación peyorativa en la ola de violencia desatada en los suburbios de las ciudades más importantes de Francia a fines del año pasado, con grandes daños materiales pero sobre todo con el enardecimiento del descontento social que vive la población menos favorecida de ese país.   A raíz de dichos sucesos, el ministro del Interior francés, Nicolás Sarkozy, sentenció que "el modelo de integración social es un fracaso" , pero con el afán de contener el brote de violencia ya se ha dispuesto medidas drásticas como el decreto que establece el toque de queda por primera vez en 50 años, así como también la medida policial expeditiva de expulsar del país a todos los extranjeros condenados durante los disturbios, estén o no en situación irregular.

Estas medidas de deportación se añaden al acuerdo alcanzado el pasado mes de julio por los cinco países más fuertes de la Unión Europea: Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España.   Mediante este acuerdo, se ha decidido iniciar una serie de vuelos conjuntos para repatriar a la masiva cantidad de inmigrantes indocumentados que saturan sus territorios.  

El primer caso se dio a finales de septiembre pasado, al abordar en un avión a 75 individuos ilegales en España para continuar el viaje hacia Francia e Italia, donde recogieron a otros 50 indocumentados que serían trasladados hacia el destino final de Rumania.   El plan también contempla posibles acciones conjuntas navales para evitar el flujo humano ilegal en aguas del Mediterráneo. Los próximos en la mira serán los ciudadanos latinoamericanos que radican sin papeles en España, con especial atención a los colombianos y ecuatorianos.

El texto de la Constitución europea en materia de asilo e inmigración aún establece distinciones poco evidentes, intentando equilibrar las exigencias de seguridad de los Estados miembro, respetando al mismo tiempo los valores europeos en términos de derechos humanos.   Al parecer sería una buena medida el intentar llevar las soluciones a los países de origen de los inmigrantes más que a los de destino.

Decir que se debe desbaratar las mafias traficantes con puño implacable es una perogrullada.   Pero una transferencia masiva de capitales y tecnología productiva hacia los países subdesarrollados, aunada a la condonación total de sus deudas externas, y la aplicación de medidas que garanticen las libertades democráticas en todo el planeta podrían, en teoría, empezar a enderezar la balanza migratoria del mundo y contrarrestar un poco la inequidad que, lamentablemente, hoy golpea a la mayor parte de la humanidad.