Es el país más pobre de Sudamérica, pero cuenta con una de las reservas de gas más ricas del mundo.   Bolivia, localizada en el corazón de los Andes y con una población de 9.1 millones de habitantes, se encuentra atravesando uno de los momentos más críticos en su historia socio-política.   Hace poco más de un mes, en junio pasado, su mandatario, Carlos Mesa, se vio obligado a renunciar al cargo debido a la situación insostenible suscitada por una serie de levantamientos de grupos indígenas -en su mayoría-, que exigían cambios estructurales con respecto a la explotación del gas.  

Los hechos se remontan al 16 de mayo pasado, fecha en que se llevo a cabo una serie de protestas por parte de mayorías indígenas y grupos de izquierda.   Los manifestantes denunciaban que la recientemente promulgada ley de hidrocarburos sobre el incrementó de los impuestos a compañías internacionales de explotación del gas, no era suficiente como para evitar que las ganancias de dicha explotación continúen fluyendo fuera del país.  

Del mismo modo, los grupos de protesta agudizaron sus exigencias de nacionalizar las reservas de gas, algo naturalmente esperable considerando la necesidad de la región de potenciar su economía.  

En un afán de conciliar con las fuerzas indígenas y de izquierda, el ahora ex presidente Mesa anuncio el 2 de junio que convocaría a elecciones en Octubre próximo para la creación de una asamblea que se encargue de la reestructuración de la constitución,   Sin embargo, Evo Morales, el líder que hoy por hoy cuenta con mayor influencia sobre las masas protestantes, rechazó la oferta, exigiendo cambios inmediatos.  

Durante una de las protestas, una semana después de que la oferta presidencial fuera rechazada, un minero recibió un disparo de las Fuerzas Armadas, causándole la muerte casi inmediata.   A partir del episodio, las protestas se agudizaron.   Dos semanas de manifestaciones y bloqueos regionales ocasionaron el desabastecimiento de la zona.   El país estaba sumido en una grave crisis social.

Luego de la consecuente renuncia de Mesa, y a pedido del público, el Presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, rechazó su derecho a asumir la presidencia del país.   Por continuidad legal, el puesto de jefe de Estado le fue otorgado a Eduardo Rodríguez, en ese entonces jefe de la Corte Suprema.  

Tal como lo prometiera Rodríguez desde que asumió el cargo como presidente interino del país en junio pasado, a comienzos de julio anunció la convocatoria a elecciones para elegir un nuevo Presidente y un nuevo Congreso.   Luego de la casi inmediata aprobación del Senado, las elecciones presidenciales bolivianas fueron pactadas para el 4 de diciembre próximo.

La renuncia de dos presidentes durante los últimos 19 meses (Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2003, y Carlos Mesa), sumado al logro de tres de los objetivos trazados por los grupos de protesta, hace pensar que los múltiples levantamientos de la población boliviana no fueron en vano.   Es más, al parecer resulta ser un arma prometedora, quizás la única, para los empobrecidos y maltratados habitantes del país andino.   No sólo lograron que las autoridades máximas de la nación convocaran a elecciones presidenciales y de Congreso, sino que además obtuvieron la aprobación del Congreso de realizar elecciones para establecer una asamblea para la reestructuración de la Constitución -con lo que se cree los indígenas obtendrían mayores y mejores derechos.   Entre sus logros, también estuvieron los obtenidos tras la crisis desatada el año pasado en el departamento de Santa Cruz, donde una élite de empresarios bolivianos exigían la autonomía de la región para lograr mayores beneficios de la explotación de los recursos de gas, básicamente concentrados en dicha zona del país.  

El país está actualmente viviendo un periodo de relativa calma, en comparación con el tumulto ocurrido durante los últimos meses.   Cabe ahora preguntar si es que las aguas realmente se han calmado o es que los grupos de protesta continuarán su lucha hasta el final.   Estamos hablando de un pueblo que aún no ha visto la justicia de su lado, donde el 30% de la población vive con menos de un dólar al día; en el que el 10% más rico de la población consume 22 veces más que el 10% más pobre, de acuerdo a un reporte reciente del Banco Mundial; y donde la mayoría de pobres son indígenas mientras que la minoría son ricos de ascendencia mayormente europea.   Estos datos, entre otros, demuestran que la población aún enfrenta desigualdades, tanto económicas como sociales, territoriales, e incluso raciales.

Políticos débiles, sociedad fuerte

Aunque parezca irónico, de acuerdo a expertos en materia política, Bolivia ha experimentado una relativa estabilidad durante los últimos 20 años.   Lo cierto es que el país altiplánico ha sufrido diversos golpes de estado, levantamientos colectivos y pobre democracia a lo largo de su historia; hechos que se remontan a la conquista española.   Luego del estado de recesión experimentado en 1985, por el que élites de poder se enriquecieron con la explotación del gas y su exportación mientras que los campesinos y población indígena se empobrecían aún más, el arraigo social se fortaleció, formándose grupos civiles y sociales que alcanzaron cierta estabilidad en medio de la miseria e injusticia.  

Dos décadas pasaron para que los grupos mayormente indígenas, campesinos y de tendencia izquierdista se hicieran escuchar, sobre todo en el plano internacional.   Entre los más importantes figuran: los habitantes andinos de la región de El Alto, liderados por Abel Mamani; los campesinos del Altiplano, liderados por Felipe Quispe, cabeza del Movimiento Indígena Pachacutec (MIP); los mineros, uno de los grupos más afectados económicamente; los manifestantes de Cochabamba, cuarta ciudad más importante del país; los grupos indígenas y campesinos de Santa Cruz; la élite "camba"santacruceña, que busca la autonomía de su región; y finalmente Evo Morales, de origen aymara, líder del partido Movimiento hacia el Socialismo (MAS), que se avizora como el más fuerte representante de los grupos protestantes.  

Estas organizaciones pretenden alcanzar la tan ansiada estabilidad en Bolivia, aunque de acuerdo a un consenso general, aun hay varios obstáculos que sortear en el camino.   En primer lugar está la falta de confianza en la legitimidad de los partidos políticos tradicionales -lo que precisamente dio lugar a la creación de organizaciones civiles y de tendencia neo-partidaria, de origen indígena en su mayoría.   Sin embargo, aunque existe predominio de algunos de estos grupos sobre otros, ninguno ha podido imponer su visión sobre el futuro del país.

De otro lado se encuentra el caso de los departamentos del este, donde se encuentran las reservas más ricas de gas del país: Tarija y Santa Cruz.   El último fue escenario de violentas protestas durante los últimos meses del 2004, por parte de élites de poder que pretenden establecer a Santa Cruz como región autónoma.   El objetivo es lograr un mayor y más independiente proceso de explotación y exportación de los recursos.   A este grupo se le conoce como la Nación Camba, que se encuentran en oposición a los "collas", o los de las alturas, cuya batalla la libran en favor de lograr la nacionalización de las reservas de gas.   El problema, que además implica un conflicto racial, aun se encuentra sin resolución.   De hecho, los camba han logrado que el congreso apruebe la realización de un referendo para determinar la autonomía de la región - que será en julio del 2006, junto a las elecciones para una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta magna, pilar de las demandas indígenas.   (Ver Nación Camba , edición anterior.)

El que persevera... ¿ triunfa?

A pesar de que la mayoría de bolivianos apoyan la idea de la nacionalización de las fuentes de riqueza en el país, algunos expertos aseguran que sin la entrada de capital extranjero, la economía boliviana no logrará despegar.   Y es que aunque cuente con recursos listos para ser explotados y exportados, no existirían los medios para lograr tal desarrollo, debido a que aún se arrastran las consecuencias de la recesión experimentada años atrás.

Lo cierto es que las circunstancias actuales demuestran que el modelo político-económico en Bolivia ha fracasado.   No sólo se tiene que enfrentar con un problema económico sino que los bolivianos tienen que lidiar con el problema social.   Debido a que los dos últimos gobernantes no pudieron manejar los conflictos económicos ni políticos, ni mucho menos han logrado contener la furia indígena, aún se avizora un panorama cargado de conflicto.  

Es de conocimiento general que Evo Morales representa un líder potencial para tomar el cargo presidencial -en el 2002 ocupó el segundo lugar en las elecciones presidenciales.   Sin embargo, Morales tampoco ha logrado imponerse como líder ni conciliar con los demás grupos en conflicto.  

El reto para los bolivianos ahora radica en encontrar a un líder fuerte pero que ceda paso a la flexibilidad, con credibilidad y creatividad, que ofrezca nuevas estrategias que den una salida coherente tanto a las agrupaciones indígenas y los partidos de izquierda, como a los de centro-derecha y derecha, evitando así la desmembración del país andino. Su deuda externa ha sido recientemente condonada por el G8, capitalizar sobre este beneficio en pro del desarrollo del país es otra tarea esencial. En definitiva, una prueba difícil, aunque no imposible. Al menos, es lo que parece traducirse de las manifestaciones de los grupos de protesta. Ciertamente, los hechos ocurridos en Bolivia han ocasionado un giro trascendental, por el cual la que solía ser una crisis política comparable a la de sus países vecinos se ha convertido en una verdadera revolución política, económica, y social.